No nos merecemos este final: #RTVVnoestanca

El cierre patronal de canal 9 condena a miles de familias al desempleo, deja moribundo al sector audiovisual independiente valenciano y nos arrebata la televisión y la radio públicas que nos merecíamos distintas. Aunque es razonable que la Generalitat no recurra el ERE anulado por el TSJ, resulta discutible que la única vía de solución al conflicto laboral iniciado por la propia administración sea la liquidación del ente. Canal 9 se había distanciado mucho de la calidad mínima exigible a una televisión de su presupuesto y acumulaba una deuda declarada que supera los 1.200 millones de euros, con una audiencia por debajo del 5%. En 1995, cuando el PP accede al Gobierno de la Generalitat, la deuda de Canal 9 era de 5 millones…Pero no nos merecemos quedarnos sin la televisión y la radio de los valencianos por la incompetencia gestora de una Generalitat Valenciana en caída libre. ¿Tendrá Zapatero también la culpa del cierre de RTVV? El colmo del insulto: dicen que cierran canal 9 para preservar la sanidad y la educación ¡y se han fumado mil doscientos millones de euros en tómbolas!

rtvvnoestanca

Negarse a renegociar los despidos declarados nulos supondrá rescindir todos los demás contratos, una decisión lamentable -y ruinosa- que deja en situación de desamparo a miles de profesionales.  Lo que no se explica es cuánto costará la rescisión de los contratos en vigor suscritos para el mantenimiento de la emisión, los contratos publicitarios cesantes y las indemnizaciones millonarias a las productoras externas responsables de los contenidos televisivos del ente. La Comunidad Valenciana se convierte así en la primera autonomía con lengua cooficial que no dispondrá de un canal de televisión público en su lengua propia. Y el camino escogido, el de la privatización de facto, es el más injusto de todos los posibles. Resulta inevitable pensar que la vía hacia la privatización escogida pasa por eliminar el ente y capitalizar a la competencia mediante el pago de las indemnizaciones previstas en los contratos de producción. Al final la factura la pagamos todos y nadie explica con claridad quiénes son los beneficiarios de una decisión que, a la postre, trae más desempleo y más incertidumbre en el sector audiovisual valenciano. Manosearon la televisión pública, la politizaron hasta deshonrarla, despreciaron a sus profesionales, los despidieron, y ahora funden en negro la que ha sido durante 24 años nuestra tele. No nos merecemos un final así.

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