Propuesta de veto presentada en el Senado por el PSOE a la reforma local

27/11/2013 Este es el texto de la propuesta de veto presentada por el PSOE en el Senado al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:

La Constitución ha permitido a los entes locales disfrutar del mayor margen de autogobierno de su historia y ha definido un modelo de administración local cuya base fundamental son las instituciones, democráticamente elegidas, representativas de núcleos territoriales de población, por lo que deben estar dotadas de autonomía, es decir de capacidad para decidir y gestionar.

Por ello el concepto clave que preside toda la arquitectura constitucional del régimen local es el de autonomía local; su configuración tiene como virtualidad principal proporcionar protección constitucional frente a las decisiones del legislador ordinario, tanto estatal como autonómico, que no puede desconocer el contenido genuino del régimen local.

Con este marco jurídico político hemos construido en España, desde el diálogo y el consenso, un sistema local que ha posibilitado la transformación, el desarrollo y la prosperidad de los pueblos y ciudades y, por tanto, de los ciudadanos. La democracia en el ámbito local convirtió a los pueblos y ciudades en el primer espacio de participación ciudadana; por otra parte, sin los servicios prestados por los municipios no se puede entender el Estado de Bienestar.

La crisis económica se ha cebado en nuestro país y obviamente los ayuntamientos han sufrido y sus cuentas se han visto deterioradas. Sin embargo según datos del Banco de España, a 31 de diciembre de 2012 el 40% de los ayuntamientos tenían superávit presupuestario y en términos globales cerraron el año con un déficit que fue la mitad del compromiso adquirido (0,15% en vez de un 0,30%) y su deuda viva total era de 35.000 millones, correspondiendo la mayor parte a grandes municipios.

Pese a estos datos y a que, según palabras del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, impulsor de esta reforma, los ayuntamientos ya han realizado la mayor parte del ajuste necesario –a través fundamentalmente de los planes de ajuste aprobados como exigencia para acceder a la financiación para el pago de sus acreedores y proveedores-, el Gobierno aprobó el 26 de julio este proyecto de ley, que esencialmente modifica la ley reguladora de las Bases del Régimen Local, pero cuya denominación es la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Nombre que indica a las claras cuál ha sido la convicción política del Gobierno que fundamenta la reforma: las entidades locales suponen un alto coste agregado para el Estado, unas veces porque realizan tareas que no les corresponden o que no deberían llevar a cabo (actividades “impropias” y duplicadas), otras veces porque son ineficientes, porque sus actividades las cumplen con mayor gasto del que sería procedente.

Esta errónea convicción les fuerza a utilizar como pretexto la exigencia de adaptación del régimen local a la ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera y al artículo 135 de la Constitución. Lo que es falso.

La citada ley orgánica, aplicable obviamente a los entes locales, no exige ninguna adaptación de la legislación de régimen local; ella ya contiene suficientes medidas preventivas, correctivas y coercitivas para lograr sus objetivos.

La explicación de esta reforma sólo puede encontrarse en la voluntad de imponer un determinado modelo de administración local: unos entes locales con competencias cada vez más limitadas, que presten unos servicios obligatorios también cada vez más reducidos, sin autonomía política, tutelados estrictamente, y mediante técnicas de control dudosamente constitucionales, por otros niveles administrativos –fundamentalmente por la Administración del Estado y dentro de ella por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- y sin la previsión de ninguna financiación adicional, que sin lugar a dudas ha sido y sigue siendo el gran problema de las entidades locales.

Y lo que es peor de todo, bajo las medidas que articula el proyecto de ley con el pretexto de conseguir determinados objetivos: -“una administración, una competencia”, evitar duplicidades, unos entes locales eficientes- lo que en última instancia se pretende es la privatización de la gestión de los servicios públicos locales.

Y para la consecución de todos estos supuestos fines, el proyecto de ley articula una serie de medidas, muchas de ellas inconstitucionales:

–        Reducción de las competencias propias (art. 25 de la Ley Básica de Régimen Local), focalizando esencialmente dicha reducción en la no atribución de capacidad a los ayuntamientos para prestar servicios sociales, a lo que se añade reducción de los servicios municipales de prestación obligatoria.

–        Generalización de la técnica de competencias delegadas, lo que es escasamente acorde con la Carta Europea de Autonomía Local, que la contempla  con carácter excepcional.

–        Limitación de la prestación de actividades complementarias (las mal llamadas “competencias impropias”), supeditadas siempre a criterios economicistas.

–        Consideración de la iniciativa económica local con carácter subsidiario, en favor siempre de la iniciativa privada. Otro claro sesgo ideológico del proyecto.

–        Atribución forzosa a las Diputaciones de la prestación de servicios obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes (cerca del 95 % de los municipios de España), lo que se consigue a través de la técnica de “coordinación obligatoria”, y que sólo pueden eludir los ayuntamientos si acreditan que la gestión municipal tiene un coste efectivo menor que el derivado del modo de gestión propuesto por la Diputación y decidido por el Ministerio de Hacienda (!!!). Esto es, atribución de la gestión a una institución que no es elegida directamente por los ciudadanos, con lo que se rompe el principio democrático.

–        Imposición de un nuevo Plan económico-financiero, otro más, a los municipios que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública o la regla de gasto; plan que necesariamente debe incluir medidas tales como supresión de competencias, traslado de servicios obligatorios para su gestión integrada, supresión de sus entidades locales menores y hasta una propuesta de fusión. Medidas de carácter estructural y permanente para intentar solucionar una situación coyuntural.

Estos ejes centrales del proyecto, sobre los que pivota la reforma, vulneran la autonomía local garantizada constitucionalmente y los principios que informan la Carta Europea de Autonomía Local. Invaden la esfera competencial de las Comunidades Autónomas, sin respetar el sistema de atribución competencial que  establece la Constitución y los Estatutos de Autonomía y que hasta ahora había respetado la ley de Bases de Régimen Local. Sacrifican la calidad democrática de las instituciones locales en aras de una pretendida eficiencia. Y lo que es más injusto, es un ataque frontal a la igualdad del territorio y de los ciudadanos que lo habitan y, por tanto, a la cohesión social.

Son más las medidas que incorpora el proyecto y que el Grupo Socialista rechaza: desde la regulación de la fusión de municipios, preceptos que también irrumpen en el ámbito de disponibilidad de las comunidades autónomas; el reforzamiento de controles preventivos y genéricos sobre toda la actividad municipal, por parte esencialmente de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda; la potenciación de la función interventora y fiscalizadora en detrimento de las facultades de los órganos locales democráticamente elegidos; hasta la fijación del “coste efectivo” por el Ministerio de Hacienda, concepto que se erige  como elemento esencial para el ejercicio de las competencias locales y que a última hora sustituyó al “coste estándar”, tras el varapalo que este concepto sufrió por parte del Consejo de Estado. Mención aparte merece el tratamiento que reciben las entidades locales menores, a las que se priva de su condición de entes locales y de su personalidad jurídica, despreciando su arraigo y su función de cohesión del mundo rural, amén de constituir otro caso más de intromisión en el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

No sólo por el contenido material del proyecto, por las finalidades que persigue, porque el proyecto de ley no ha sido fruto del consenso entre los principales actores implicados –fundamentalmente los entes locales-, los grupos políticos, los sindicatos y las asociaciones ciudadanas sino porque supone un giro histórico, radical e injustificado de nuestro modelo de democracia local, el Grupo Parlamentario Socialista plantea el presente veto al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local solicitando su devolución al Gobierno.

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