Incidencia del Proyecto de reforma local en las CC.AA.

El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local supone un ataque sin precedentes al mundo local, al despojar a los ayuntamientos de sus competencias y desmantelar y privatizar los servicios públicos municipales. Además de vulnerar la garantía constitucional de la autonomía local, afecta directamente, y en varios ámbitos, a las Comunidades Autónomas. El aspecto más importante del proyecto en su implicación autonómica es la previsión de atribución de competencias municipales a las CCAA, de manera unilateral y coercitiva, al margen de los procedimientos legales establecidos.

De manera unilateral, porque el proyecto prevé que tanto las competencias relativas a la salud, como las de los servicios sociales y las de educación pasen a ser atribuidas a las CCAA a través de una ley ordinaria del Estado, esto es, en contra del proceso de atribución de competencias regulado en la Constitución, que obliga a la participación de las CCAA en el proceso de traspaso.

Y de manera coercitiva, porque se obliga a las CCAA a asumir estas competencias o de lo contrario, deberán pagar a los municipios el coste de que éstos sigan ejerciéndolas.

En segundo lugar, el proyecto olvida tanto las singularidades de las CCAA y su organización territorial, como que éstas tienen competencias propias para regular sus relaciones con los entes territoriales correspondientes.

En este sentido, el texto no distingue entre Comunidades  Autónomas uniprovinciales y las que no lo son, y al introducir el reforzamiento de las Diputaciones en la prestación de servicios municipales, se plantea el problema de qué pasa con las CCAA uniprovinciales, donde se supone que será la propia Comunidad Autónoma la que pase a prestar esos servicios sin la correspondiente financiación.

Además, el proyecto invade competencias autonómicas recogidas en los distintos Estatutos:

Por un lado, toda la nueva regulación sobre prestación de servicios en municipios menores de 20.000 hab, que supone un vaciamiento de competencias municipales, deja también a las CCAA como meras comparsas, sin capacidad de decidir cómo se prestan servicios para los que tienen competencias.

También se les imponen las condiciones en que deben realizar posibles delegaciones de competencias a los municipios.

Por otro lado, también se obvia la potestad autonómica para regular las entidades locales menores de su ámbito, ya que el proyecto les niega la personalidad jurídica y prevé su desaparición.

El Gobierno presentó el texto bajo la premisa del ahorro y de la racionalización administrativa, pero en ningún caso se cumplen estos objetivos, sino todo lo contrario.

En un Estado compuesto como el nuestro, no podemos hablar del principio “una administración, una competencia”, porque por su propia definición no es viable esta delimitación cuando existen varias administraciones que se ocupan de una misma competencia. Lo que debería evitarse son los supuestos de duplicidad en la prestación de un mismo servicio por dos administraciones diferentes, algo que el texto lejos de evitar, consagra, al hacer convivir hasta 5 niveles administrativos, y, por ejemplo, dejar a la provincia con dos funciones contrapuestas: complementar a los Ayuntamientos en la prestación de servicios, y a la vez, suplantarlos.

Este descontrol administrativo debe sumarse al descontrol financiero. Las consecuencias de la ley, lejos de suponer un ahorro económico, supondrán que las CCAA deberán prestar unos servicios para los que carecen de financiación, con el consiguiente efecto en sus objetivos de estabilidad presupuestaria. Además el momento del traslado de competencias coincide con un reparto de los objetivos de déficit que hace recaer en las CCAA el mayor esfuerzo, con lo cual esta ley es un estrangulamiento final de las mismas, que por cierto, son las principales prestadoras de los servicios esenciales del estado del bienestar.  El Estado pasa a convertirse en gestor, interventor y juez de las relaciones de cooperación que voluntariamente puedan acordar las CCAA y sus municipios.

La consecuencia de esta situación parece evidente: esos servicios dejarán de prestarse  ante la imposibilidad financiera de mantenerlos.

En definitiva, este proyecto de ley, lejos de suponer una solución a los problemas que el municipalismo lleva tiempo reclamando, genera un nuevo problema para los Gobiernos Locales y para las Comunidades Autónomas, mostrando un escaso respeto por sus competencias y por su propia posición institucional dentro del Estado.

(Secretaría de Política Municipal del PSOE)

 

 

 

 

 

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Un comentario

  1. Es indiscutible que los verdaderos responsables de esta gran debacle económica pretenden ahogar la capacidad ciudadana para gestionar sus propios recursos. Si los municipios pierden capacidad de gestión de sus propios intereses porque las atribuciones y competencias son reducidas a cenizas, el futuro de la administración local será papel mojado. Y lo peor, como siempre, es que lo vamos a padecer los que vivimos precisamente en cada uno de los miles de municpios pequeños. Sólo cabe una frontal oposición y por supuesto hacer camino para trabajar en un cambio de modelo de gestión política y municipal.

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