La factura del Plan de Pago a Proveedores

El mecanismo de pago a proveedores que activó el Gobierno de España en 2012 no solo ha disparado la deuda pública (93,90% del PIB) obligando a los Ayuntamientos a destinar su superávit a la amortización de pasivo financiero, sino que se ha revelado como una de las decisiones económicas más desastrosas del Gobierno de Rajoy. En mayo de 2012 se formalizaron los préstamos del Plan de Pago a Proveedores con los bancos que conformaron el denominado sindicato bancario. Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que determinó el tipo de interés de aplicación para los planes. En mayo de 2012, cuando los Ayuntamientos remitieron al Ministerio la relación certificada de facturas pendientes de pago para poder acogerse al Plan de Pagos, se pensaba que el tipo de interés se situaría en torno al 5%.

Finalmente quedó establecida en el 5,9%, es decir, casi un punto por encima del previsto, porque aquella semana la prima de riesgo rozó los 450 puntos básicos. La deuda pública del Estado debe pagar hoy en día un interés casi tres puntos inferior, pero los Ayuntamientos mantienen la obligación de pagar el elevado tipo de interés que coyunturalmente hubo en marzo/abril de 2012, por una decisión errónea de Rajoy.

Los Ayuntamientos se vieron obligados por el Gobierno a cerrar operaciones a largo plazo con unos tipos de interés históricamente altos y sin ni siquiera poder opinar, pues la Comisión Nacional de la Adminsitración Local no participó en el diseño de aquella operación de rescate a los Ayuntamientos con más dificultades. A las dos primeras fases del plan se acogieron cerca de cuatro mil Ayuntamientos, por un importe cercano a los 9.600 millones de euros. Si aplicamos el tipo nominal del 5,9% el resultado son 566 millones de euros detraídos de los presupuestos municipales de 2013 y destinados únicamente a los intereses de la operación. Si aplicáramos un tipo nominal del 3% en consonancia con el valor de la prima de riesgo actual podríamos concluir que los ayuntamientos han pagado cerca de 300 millones de euros de más al sindicato bancario únicamente porque Rajoy escogió mal el momento. Por si fuera poco, a esta cantidad hay que añadirle los remanentes de tesorería de los ejercicios 2012 y 2013, que el Gobierno obliga a destinar a amortización de pasivo financiero, por lo que la factura del interés del préstamo es muy superior. Esta ingente cantidad es a costa de los servicios públicos municipales por una mala decisión de Rajoy. El Plan de Pago a proveedores supuso una inyección de liquidez a los proveedores, pero sobre todo un rentable negocio para los bancos que conformaron el sindicato.

Los ayuntamientos formalizaron los requisitos del RDL 4/2012 (pago a proveedores) con 2 años de carencia, por lo que desde mayo de 2014 comenzará la amortización de los préstamos. Deberán presupuestar en 2014 cerca de 894 millones de euros para amortizar tres cuotas trimestrales. Los servicios públicos municipales se han visto afectados por el pago de los intereses, y se verán más afectados durante 2014 como consecuencia de la presupuestación de esta amortización. En 2015 será todavía peor, pues los recursos destinados a la amortización de los préstamos por parte de los Ayuntamientos ascenderán a 1.200 millones de euros. Como siempre, gana la banca: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas detraerá los impagos de la PIE (participación de los Ayuntamientos en la recaudación de los impuestos del Estado) de modo que el Ayuntamiento que no cumpla con las cuotas de amortización verá mermados sus ingresos provenientes del Estado.

Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo para muchos ayuntamientos, el PSOE ha pedido al Gobierno de España:

  • La revisión de las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por los Ayuntamientos en el marco del Plan de Pago a proveedores. En concreto, pedimos la ampliación del periodo de carencia, la ampliación del plazo de amortización y la reducción del tipo de interés abusivo.
  • La convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local, para que estas medidas se establezcan en función de las necesidades concretas de los Ayuntamientos.
  • Dos años de carencia, con retención cero para los municipios que, por no tener Plan de Ajuste aprobado, llevan casi dos años con una retención del 50% de la PIE. Posteriormente, solictamos que la retención sea siempre inferior al 25% de la PIE, hasta el saldo de la deuda, precisamente para garantizar el funcionamiento de los servicios municipales en estas poblaciones.
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