5,1 millones contra la pobreza energética en la Comunidad Valenciana

El Consell destina 5,1 millones para garantizar luz, gas y agua a familias en situación de vulnerabilidad.
 
En total 50.000 familias, en torno a 150.000 o 200.000 personas, se beneficiarán de esta medida para tener un invierno digno.
 
Una muestra más de las diferencias que hay entre un gobierno socialista y otro del PP. Se trata de que la pobreza energética no sea una preocupación.
 
Estas ayudas pretenden garantizar un derecho constitucional como debe ser el suministro básico de agua, luz y gas.
 
La Generalitat ha suscrito unos convenios con Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola que arbitran unas ayudas para evitar el corte de suministro a las familias beneficiarias y que se compone de dos planes:
 
3,7 MILLONES 
Para familias con ingresos inferiores a 798 euros al mes, o 11.182 euros al año por unidad familiar y 14.910 €/anuales cuando conviven personas con discapacidad o gran dependencia.
 
Las facturas deben ser de hasta 75 euros al mes y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año en luz o gas.
 
Para el agua, el recibo debe ser de hasta 15 euros al mes y 60 al año.

Los ayuntamientos podrán adherirse a través de un correo electrónico, desde hoy mismo, para que, cuando un particular acuda a los servicios municipales de servicios sociales o éstos detecten algún caso de pobreza energética, se dirijan a las compañías y la Conselleria de Obras Públicas para paralizar el corte de suministro mientras la Generalitat gestiona el pago de las facturas adecuadas, tras estudiar el caso.
 
La empresa suministradora no volverá a solicitar la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de las ayudas y tampoco exigirá ningún tipo de intereses.
 
El ayuntamiento pagará a la empresa el importe total de la deuda y, si fuera necesario, los derechos de reconexión. Posteriormente, la Generalitat tramitará el pago al consistorio.

Para hogares con sueldos inferiores a 5.009 euros al año.
Estas ayudas, de las que la Conselleria de Igualdad se hace cargo, incluyen a las personas mayores y a los que viven solos.
Se tramitará a través de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Serán efectivas a partir del 1 de enero.

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