Hoy la economía española necesita crear empleo
productivo y reducir cuanto antes la elevada tasa de desempleo y el
extraordinario endeudamiento exterior.

Esto requiere una apuesta significativa por la
competitividad, la internacionalización de las empresas y el aumento de la
competencia efectiva de los mercados. Nuestra competitividad no puede depender
de salarios cada vez más bajos.

Por otro lado, las empresas españolas tienen un tamaño
medio reducido, que está condicionando significativamente el empleo, los
salarios y la productividad. La evidencia nos dice que un país con empresas de
mayor tamaño crea más empleo indefinido, tiene mayor productividad (emplean más
capital humano, tecnológico y productivo por trabajador), mejores salarios, una
mayor propensión a exportar y, por tanto, mejores condiciones para competir
internacionalmente.

Por ello, es necesario establecer una estrategia
integral para mejorar el marco institucional y favorecer un entorno económico y
regulatorio más claro, sencillo y transparente para la actividad empresarial.
La economía española ocupa la posición 82, sobre 189 países, en el ranking
mundial en cuanto a las facilidades para la apertura de un negocio. Necesitamos
eliminar barreras económicas y regulatorias desproporcionadas para la creación
y el crecimiento de las empresas.

Necesitamos aumentar el número de empresas
exportadoras, mejorar la competencia y facilitar un entorno atractivo para la
actividad empresarial en España.

Una economía más inclusiva y exitosa debe remover los
obstáculos al dinamismo, que han caracterizado durante décadas el modelo
imperante en España. Hay que eliminar los privilegios y corporativismos, para
permitir el acceso a la riqueza de una mayoría de emprendedores y fomentar la
competencia efectiva frente a los oligopolios como condición necesaria para
impulsar la innovación empresarial en beneficio de los consumidores.

Desde el PSOE, apostamos por la cultura del esfuerzo y
el talento, por apoyar a quienes generan riqueza innovando y por construir una
economía de las oportunidades, que permita desplegar todo el potencial
económico de nuestro país. La izquierda debe recuperar como propia la defensa
de la sana competencia, del talento y del esfuerzo, como mecanismo para romper
intereses corporativos y expandir las oportunidades de crear riqueza.

QUÉ PROPONEMOS

• Para facilitar la creación de empresas: Eliminar trabas, reducir y simplificar los
  trámites y costes administrativos para la creación de empresas, a través de: (i) extensión de la tramitación telemática a todas las operaciones;
  (ii) extensión del silencio administrativo positivo de manera general y de la
  Declaración Responsable de los nuevos emprendedores; (iii) creación de una
  empresa en un día por vía telemática.

• Crear una ventanilla
  única del ICO, que atienda y canalice todas las diferentes líneas de financiación y
  productos financieros que ofrece simplificando la complejísima maraña de
  ayudas, que suponen costes de información y gestión elevados, a la que se
  enfrentan las empresas. El ICO compartirá riesgos con la banca privada y para
  ello reforzará ampliamente el departamento de Análisis de Riesgos.

• Impulsar el Micromecenazgo y la financiación colectiva
  (Crowdfunding), modificando la Ley de Financiación Empresarial en dos aspectos: (i) incorporar medidas de
  transparencia que ayuden a limitar los riesgos para los inversores. (ii)
  aumentar los límites de inversión.

• Lanzar una Estrategia
  Nacional de Impulso a los Emprendedores Tecnológicos, que incluya medidas a medio plazo fiscales, regulatorias, financieras y de apoyo específicas
  para este tipo de empresas. El objetivo de esta estrategia es que en España se
  puedan crear en cada año de la legislatura 1.000 Start-ups tecnológicas con un
  fuerte componente de innovación, ligadas a la economía digital e internet.

• Creación de la ¨Excedencia para Emprender¨, con
  reserva de puesto de trabajo para aquellas
  personas que trabajen por cuenta ajena y que decidan iniciar un proyecto empresarial.

Para que las empresas aumenten su
tamaño:

• Revisar la regulación diferencial
  fiscal, laboral, mercantil y administrativa que desincentiva el crecimiento en
  tamaño de las empresas. Elevar el umbral de facturación en
  los pagos fraccionados del

• Impuesto de
  Sociedades y en la liquidación del IVA, así como la integración a la Unidad de
  Grandes Contribuyentes, de 6 a 20 millones de euros.

• Establecer un nuevo tipo de
  ¨auditoría abreviada¨ para empresas que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos: la
  cifra de negocios entre 5,7 y 8 millones de euros; activos entre 2,85 y 4
  millones de euros; número de trabajadores igual o menor a 50.

• Favorecer a
  través de préstamos participativos y desde capital-riesgo público el crecimiento y diversificación de las PYMES, en proyectos que conlleven
  generación de empleo a largo plazo.

• Posibilitar que las PYMES puedan formar Uniones
  Temporales de Empresas (UTES) de una forma
  más sencilla, ágil y económica.

• Fomentar las agrupaciones sectoriales
  o “clúster” empresariales, en colaboración con las CCAA, a partir
  de parques tecnológicos o industriales, como elementos necesarios para la
  mejora de la competitividad de los sectores industriales en las regiones,
  dotándoles al mismo de un importante apoyo financiero.

• Facilitar la transmisión empresarial
  y la adopción de mejores prácticas en las pymes, adoptando una plataforma
  española que conecte las empresas con agentes especializados en fusiones y
  adquisiciones, abogados, auditores, contables, fiscalistas, bancos y todos
  aquellos intermediarios y agencias dedicadas a la transmisión de empresas.

Para que las empresas exporten y se
internacionalicen:

• Centralizar los organismos
  vinculados con la internacionalización bajo un único
  esfuerzo en torno a una iniciativa “España Global” provista de una identidad jurídica que le permita operar con flexibilidad y
  autosuficiencia financiera (con capitalización estatal e ingresos privados).
  Coordinar esta iniciativa con los instrumentos existentes en las Comunidades
  Autónomas.

• Reforzar el
  ICEX: dentro de España Global y reconducir su actividad de la generalidad a la
  especialización y concentración de su acción. Anualmente se establecerá un plan
  de acción de carácter rotatorio a un número escogido de países y sectores.

• Aumentar los
  incentivos para que las grandes multinacionales españolas (IBEX) actúen como
  tractoras de la internacionalización de nuestras PYMEs.

• Dar entrada
  a la participación privada en los organismos (estatales y autonómicos) de apoyo
  a la internacionalización.

• Aumentar la dotación del Fondo para la
  Internacionalización de Empresas (FIEM) hasta
  los 500 millones de Euros anuales. Se dará prioridad a la financiación de
  proyectos en los que participen más de una empresa española, especialmente
  PYMES.

Para mejorar la competencia:

• Reforzar los organismos de
  competencia y de regulación de mercados dotándolos de
  mayor independencia funcional y recursos; evaluar el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013, y
  en su caso estudiar su transición hacia un
  modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania, que cuente con un Organismo Regulador para sectores económicos en red (energía,
  telecomunicaciones, sector audiovisual,
  transporte, sector postal) y el Organismo de Competencia, diferenciando así la intervención ex-ante y ex-post
  como sucede en la mayoría de los países de nuestro
  entorno. Este modelo dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y
  suficiente personal cualificado.

• Revisar la regulación de sectores
  donde haya una gran concentración empresarial –sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones las infraestructuras- para favorecer la entrada de
  nuevos competidores, dotando de transparencia a las
  regulaciones.

• Eliminar licencias innecesarias, sustituyendo el sistema de licencias por un sistema de acreditaciones,
  abierto y sin cupo, y extendiendo el silencio administrativo positivo y la
  Declaración Responsable del empresario para empezar a operar. Armonizar las
  licencias y permisos dentro del país, a través del reconocimiento mutuo entre
  Comunidades Autónomas haciendo así efectiva la unidad de mercado sin perjuicio
  de sus competencias. Y en todo caso, garantizando los controles del impacto
  sobre el medio ambiente y la salud pública y manteniendo la exención de los
  servicios sociales, educativos y sanitarios.

• Avanzar en la liberalización del acceso
  y ejercicio a los servicios profesionales, revisando
  todas las barreras de entrada y eliminando todas aquellas que no sean estrictamente justificadas. Los
  servicios no económicos de interés general quedan
  excluidos.

• Promover la coordinación de
  la legislación sobre horarios comerciales con las
  Comunidades Autónomas, para adaptarla a los nuevos tiempos y formas de consumo;

Para favorecer la continuidad de los autónomos:

• Acercar la cotización a la Seguridad
  Social de los autónomos a sus ingresos reales. En consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo,
  España debe avanzar en la posibilidad de que los autónomos coticen por los
  rendimientos netos que reciben.

• Reformar el sistema de pago de
  impuestos por la actividad económica de los emprendedores, haciendo que se ajuste a los
  ingresos realmente percibidos, lo que facilitará el inicio de la actividad y
  responder mejor a las situaciones de crisis del negocio.

• Establecer un sistema de retención de IRPF más vinculado al nivel de ingresos que perciben, disminuyendo el tipo de
  retención en tramos de ingresos más bajos.

• Reformar la capitalización de la
  prestación por desempleo: Extender el pago en una sola vez
  de la prestación por desempleo para todos los colectivos de desempleados con
  independencia de la edad, siempre que se justifique la necesidad de inversión,
  incluyendo en ella la adquisición de activos tangibles o intangibles o la
  inversión para sufragar gastos necesarios para la puesta en marcha de la
  actividad.

• Reformar de la Ley de Segunda
  Oportunidad para que sea un mecanismo realmente eficaz que permita
  a los emprendedores a liberarse de sus deudas y volver a emprender un negocio.

• Incluir a los “falsos autónomos” y a
  los llamados “autónomos dependientes” en el nuevo Estatuto de los Trabajadores para reconocerles los derechos
  correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena que es lo que realmente son.