Nace el Primer Plan de Inclusión Social de Rocafort 2017-2020

El Ayuntamiento ha impulsado, desde la concejalía de Igualdad, Acción Social y Educación que coordina Sonsoles Giner, su primer Plan de Inclusión Social. El pasado jueves lo ratificó el Pleno por unanimidad de todos los grupos políticos. Queremos que Rocafort sea un pueblo confortable y amable para todos y todas, construyendo un modelo de convivencia basado en el respeto y el diálogo. Para no dejar a nadie atrás y proteger a los que tienen más dificultades. Esta es la mayor ambición del equipo de Gobierno.

ROCAFORT

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16/02/14. Entrevista a Amparo Sampedro publicada el pasado viernes en El Periódico de Aquí.

El Gobierno exhibe como un éxito de gestión los 117.000 dependientes que fallecen sin recibir antención

Nota de prensa de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (PDF).

Cada día del 2014 el Sistema de Atención a la Dependencia perdió 74 beneficiarios. Según los datos publicados por el Ministerio el último día del año 2014, el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 24.529beneficiarios en el año y aún hay una lista de espera de 167.869 personas con derecho y sin atender. Hoy se atiende a 9.274 personas menos que cuando el Sr. Rajoy fue nombrado Presidente. Un año más, todos los datos son negativos y sin embargo el Gobierno insiste en alardear de mejoras en el sistema.

Los datos extraídos de la estadística oficial son los siguientes:

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A la vista de la estadística oficial, no existe ni un solo dato que pueda corroborar las triunfalistas afirmaciones del Gobierno que intentan argumentar una mejora del sistema y la “salvación” de su sostenibilidad. Incluso el dato de reducción de la lista de espera en más de 22.000 personas, que podría parecer positivo, es consecuencia evidente del fallecimiento de personas en dicha lista de espera sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Esta lamentable circunstancia (fallecer sin atención) podría haber afectado a 117.000 personas desde enero de 2012 y es, junto con la supresión del derecho a atención, la principal razón de la reducción de la lista de espera. En el último año, murieron más de 45.000 personas en situación de dependencia sin recibir ninguna prestación o servicio a la que tenían derecho. Así un dato para la vergüenza se manipula torticeramente en un intento desesperado por vender una gestión eficiente.

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En el gráfico anterior se observa cómo obviamente la reducción de la lista de espera no se ha producido por un incremento de las atenciones.

Frente a la cruda realidad de sus datos, el propio IMSERSO difunde en las redes sociales infografías tan impropias de un organismo oficial como esta:

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Ningún observador podría permanecer impasible ante la falta de objetividad y de rigor en la utilización de los datos. Se hace referencia a las altas, pero nunca se indican las bajas; el dato de reducción de lista de espera se manipula al tratarse aisladamente de las altas en servicios y de las bajas por fallecimiento; se hace referencia a la “herencia recibida” de la deuda de 1.034 M€ con la Seguridad Social que, si bien es cierta, se resolvió cruelmente con la supresión de las cotizaciones por los cuidadores familiares, reduciendo la financiación a las CCAA por el Nivel Mínimo en un 13% y suprimiendo el Nivel Acordado; se ofrecen datos de empleo en el sector que, vistos con perspectiva, no son demasiado favorables como veremos más adelante; se miente cuando se afirma que el Estado aporta la mitad de la financiación cuando los “recursos adicionales” a los que se alude no tienen tal finalidad, utilizando un informe del Tribunal de Cuentas que hubo de ser corregido para evitar precisamente la confusión en la financiación estatal y del que aún no se ha dado cuenta al Parlamento.

Entendemos que entramos en periodo electoral, pero cabría esperar una separación más nítida entre la actividad política y el rigor científico y la objetividad que deben operar en los organismos oficiales.

¿Presumen de transparencia?

  • Contesten -si pueden- a la siguiente pregunta: ¿Cuántas bajas de dependientes con derecho a atención y que estaban en lista de espera se han producido por fallecimiento desde enero de 2012? Nuestros análisis indica que han sido más de 110.000 personas.
  • Publiquen mensualmente el número de bajas que se producen y no se limiten a publicar únicamente las altas.
  • Expliquen cómo es posible reducir el número de personas en lista de espera sin que las personas atendidas aumenten o, si lo prefieren, indiquen los motivos de baja de las situaciones de espera.

La realidad es que el sistema se colapsó ya en 2013 muy especialmente gracias a las medidas adoptadas en julio de 2012 y que en 2014 los datos son negativos en la mayoría de los aspectos.

En materia de empleo ligado al sector, entre 2009 y 2011 el saldo de afiliaciones a la Seguridad Social creció en 39.527 nuevas afiliaciones, aun cuando eran años de destrucción generalizada del empleo. En el trienio siguiente, el saldo de afiliaciones (a falta de los datos de diciembre de 2014) es de 19.665. El ritmo de afiliaciones vuelve a decrecer en 2014 respecto a 2013. Aquí no hay “raíces profundas”.image

Ojalá los datos de empleo fuesen más boyantes pero ello es imposible si se considera la desinversión que la Administración General del Estado ha realizado con la atención a la dependencia. Venimos años diciendo que invertir en el sector de los cuidados sería una de las acciones estratégicas más inteligentes que podría hacerse en estos momentos… pero aunque organismos como la OCDE o la Comisión Europea coincidan en corroborar esta tesis, la opción en España ha sido y es la sequía financiera y la consiguiente vulneración de derechos.

Considerando que existe aún una amplia lista de espera (168.000 personas) que se verá incrementada en julio de 2015 en otras 320.000 personas con Grado I, la perspectiva de crecimiento anual de personas atendidas, nos puede ilustrar hacia dónde va el sistema:

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El balance provisional 2014 supone, por tanto, corroborar la destrucción del sistema de atención a la dependencia. Un sistema que estaba my necesitado de reformas profundas pero que no ha hecho sino recibir un inmenso varapalo jurídico y financiero que ha recaído sobre las personas en situación de dependencia, sobre sus familias y también sobre las administraciones territoriales obligadas a la gestión y que se ven imposibilitadas para incrementar y mejorar las atenciones al ritmo requerido por la sociedad.

Ya no sabemos que es peor: la durísima decisión adoptada por el actual Gobierno de desinvertir en dependencia o la incapacidad para asumir las obvias consecuencias que ha tenido el camino elegido. Un gobierno tiene derecho incluso a equivocarse al tomar una decisión (nadie está en posesión de la verdad), pero nunca tiene derecho a ocultar las consecuencias de sus decisiones con triunfalistas e insultantes “infografías” electorales.

Cuando haya datos realmente positivos, sin dudarlo, nos alegraremos.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro: Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales e-mail: directoressociales@hotmail.com

Objetivos de la reforma constitucional propuesta por el PSOE

El PSOE ha registrado recientemente, en el Congreso, una propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, en la que iniciar con carácter inmediato un proceso de diálogo y búsqueda de los acuerdos necesarios para proceder a una reforma parcial de la Carta Magna.

Los socialistas abogamos por actualizar la Constitución mediante un nuevo pacto ciudadano, que la dote de mayor legitimidad y la prepare para afrontar los nuevos desafíos de nuestra época.

Los socialistas reivindicamos la Constitución de 1978, que ha constituido un adecuado marco de convivencia para la sociedad española, y un mecanismo eficaz para el progreso y la cohesión social y territorial de España, y que ha garantizado un marco de estabilidad al servicio del desarrollo socioeconómico y de la modernización del país. Pero, cumplidos 36 años desde su entrada en vigor, es tiempo de reformarla.

En la actualidad, España sufre la mayor crisis institucional desde la instauración de la democracia:

Una crisis agudizada por la respuesta del PP, que ha provocado malestar ciudadano ante el retroceso de derechos, el deterioro de servicios públicos, el empobrecimiento de las clases medias trabajadoras, las tensiones territoriales –acrecentadas por la incapacidad de diálogo de algunos responsables- y el deterioro de la consideración de la ciudadanía hacia las principales instituciones democráticas como consecuencia de los escándalos de corrupción.

En este escenario es más necesario que nunca renovar el compromiso de todos con el sistema constitucional y democrático, procediendo a la reforma parcial de la Carta Magna que postulamos los socialistas.

Esta revisión acordada de nuestras normas de convivencia requiere, con carácter previo a la convocatoria de la correspondiente Ponencia Constitucional, un proceso de diálogo y negociación que permita buscar el consenso sobre propuestas concretas en momentos como este, de especial trascendencia para el futuro del proyecto constitucional. Esta tarea ha de realizarse en sede parlamentaria con la participación de las distintas instituciones y la colaboración y el asesoramiento de expertos.

Tres son los objetivos de la reforma:

A) Completar el sistema de derechos y libertades reconocidos por la Constitución, ampliando el ámbito del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación,  dotando del máximo reconocimiento y nivel de protección a derechos de contenido social relevantes prestados por los grandes servicios públicos como son el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, convirtiendo en derecho ciudadano el derecho a pensiones suficientes y a un sistema de servicios sociales, garantizando el acceso a la educación en condiciones de igualdad y estableciendo un sistema que asegure la dotación presupuestaria suficiente para hacerlos reales y efectivos para todos.

B) Modernizar nuestra democracia,  ampliando los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, mejorando la representatividad de las Cámaras legislativas, eliminando privilegios injustificados, como los aforamientos, asegurando la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y en los partidos e incrementando los mecanismos contra la corrupción.

C) Revisar el modelo de Estado con una perspectiva federa, delimitando la atribución de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, consagrando en el texto constitucional los principios del sistema de financiación y los instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional, redefiniendo las funciones y la composición del Senado, reconociendo las singularidades y hechos diferenciales de las Comunidades Autónomas, y determinando la financiación y las competencias de las Entidades Locales, de forma que se garantice la prestación de los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos y ciudadanas.

ARGUMENTARIO PSOE 4/12/2014

Evolución del gasto social en #Rocafort. El dato de 2015 corresponde a la propuesta de Presupuesto local impulsada por el PSPV-PSOE y rechazada por la oposición.

Equiparar los centros de atención de servicios sociales de l’Horta Nord al resto de centros concertados

Esta mañana nos hemos reunido con trabajadores y trabajadoras del Consorcio de Servicios Sociales de l’Horta Nord en el Centro Ocupacional Reina Sofía de Massamagrell. La apatía social del PP ha logrado que los centros que atienden a los discapacitados sean centros de segunda, al no estar equiparados al resto de los centros concertados.

Los trabajadores del consorcio llevan encerrados desde el pasado miércoles en el centro como medida de presión para exigir a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda contraída con el Consorcio, encargado de la gestión de 5 centros que atienden a 300 discapacitados en la Comarca. La Generalitat todavía no ha pagado ni un solo euro en lo que llevamos de año. La consecuencia es que los trabajadores no cobran desde mayo y la póliza de crédito ya no da más de sí, por lo que ya no pueden pagar a los proveedores encargados de la limpieza y del comedor. La profesionalidad de los trabajadores y de las trabajadoras del Consorcio logra un milagro diario: atender a 300 discapacitados sin ayuda económica del Consell y sin cobrar por su trabajo.

El PSPV-PSOE presentará una propuesta de resolución para solicitar que los centros de atención de servicios sociales reciban del Consell el mismo trato que el resto de los centros concertados. La propuesta la presentará el Síndic del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts Valencianes, Antonio Torres, en el próximo debate de política general. De esta manera, las nóminas de los trabajadores se podrán pagar directamente por Generalitat, evitando que éstas dependan de subvenciones graciables, como en la actualidad.

La Generalitat adeuda 757.239,60 € al Consorcio comarcal. El PSPV va a colaborar con todos los centros y entidades representantes y va a seguir defendiendo las reivindicaciones justas de los profesionales que trabajan para los 5 centros, ubicados en Alboraya y Massamagrell.